Denver, 2 nov (EFE).- Debido a limitaciones en el acceso a bases de datos oficiales y la desigual manera en que cada agencia archiva información personal, hasta la mitad de los conductores de Colorado podría estar manejando sin licencia o con licencia revocada, indica un reporte dado a conocer hoy.

Según el informe, presentado por la Oficina del Auditor General de Colorado, existen "brechas" en el sistema estatal de información que impiden que los distintos departamentos de policía y las autoridades judiciales identifiquen a por lo menos la mitad de los 1,1 millones de conductores que cada año se presentan ante un juez.

La auditoría del sistema de licencias de conducir en Colorado, realizada entre junio y octubre de este año, se llevó a cabo por orden del Gobierno estatal luego de que en septiembre de 2008, Francis Hernández, un indocumentado guatemalteco, causase en Aurora un accidente automovilístico en el que murieron tres personas.

Posteriores investigaciones determinaron que Hernández no sólo había ingresado ilegalmente al país, sino que usaba hasta 12 nombres distintos y que había sido arrestado previamente en numerosas ocasiones.

En el momento del accidente, Hernández carecía de una licencia válida de conducir y la que tenía ya había sido cancelada por el Departamento de Vehículo Motorizados. Sin embargo, la policía de Aurora (suburbio al este de Denver) no tuvo acceso inmediato a esa información.

De acuerdo con el reporte, el problema de la identificación adecuada de "conductores problemáticos", es decir, sin licencia, con licencia revocada o con antecedentes criminales se debe a que no existe una base de datos única en el estado.

Por ejemplo, la base de datos del Departamento de Vehículo Motorizados solamente incluye información de casos en los que la persona fue encontrada culpable de un crimen, pero no incluye todo los antecedentes policiales.

Además, la base de datos de la justicia estatal sólo incluye a aproximadamente la mitad de los casos de incumplimiento de las leyes de tránsito que llegan ante los magistrados. Y una y otra base de datos está desactualizada debido a retrasos y a errores de programación.

"Mantener a los conductores problemáticos fuera de las carreteras es un gran desafío para los estados y para los municipios", dice el informe.

"Hernández siguió manejando después de haber estado en la cárcel y después de que su licencia fue suspendida. Estudios nacionales estiman que un 75 por ciento de las personas con licencias suspendidas sigue manejando", agrega el documento.

Para resolver el problema, la auditora general de Colorado, Sally Symanski, recomendó la creación de una base de datos estatal única y la actualización constante de esa base de datos.